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Ley 1474 del 2011 – Corrupción Privada 2011-08-24  

 

Con la intención de fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, el Congreso de la República dictó ciertas normas incluidas en la Ley 1474 del 2011. Dentro de las disposiciones más importantes se encuentran dos nuevos delitos relacionados con el abuso de confianza: la corrupción privada (artículo 250A del Código Penal) y la administración desleal (artículo 250B del Código Penal). La corrupción privada, delito contenido en el artículo 16 de la Ley 1474 del 2011, castiga con penas de entre 4 y 8 años de cárcel y multa de 10 hasta 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes al que directamente o por interpuesta persona prometa, ofrezca o conceda a directivos, administradores, empleados o asesores de una sociedad, asociación o fundación una dádiva o cualquier beneficio no justificado para que le favorezca a él o a un tercero, en perjuicio de dicha sociedad, asociación o fundación. A esta misma pena estará sujeto el directivo, administrador, empleado o asesor de una sociedad, asociación o fundación que, por sí o por persona interpuesta, reciba, solicite o acepte una dádiva o cualquier beneficio no justificado, en perjuicio de aquella.
 
La administración desleal (artículo 17 de la Ley 1474), por su parte, castiga al administrador de hecho o de derecho, o socio de cualquier sociedad constituida o en formación, directivo, empleado o asesor, que en beneficio propio o de un tercero, con abuso de las funciones propias de su cargo, disponga fraudulentamente de los bienes de la sociedad o contraiga obligaciones a cargo de esta causando directamente un perjuicio económicamente evaluable a sus socios con una pena igual.
 
Esta ley, en su artículo 18, también modifica el delito de utilización indebida de información privilegiada, delito contenido en el capítulo de las defraudaciones del Código Penal, en su artículo 258. La modificación consiste en incluir, no sólo a los empleados, directivos o miembros de una junta de administración, sino también a los asesores como sujetos activos calificados de este delito. Además, contempla como pena, no sólo la multa (que ahora es de 5 a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes), sino que adiciona una pena privativa de la libertad de 1 a 3 años.