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Nueva ley sobre derecho de petición 2015-08-12  

El pasado 30 de junio de 2015 fue expedida la Ley 1755 de 2015, por medio de la cual se reguló el derecho de petición y se sustituyó el título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que lo regulaba, consagrando nuevos términos de respuesta y creando un capítulo especial para los derechos de petición presentados ante organizaciones e instituciones privadas.

De este modo, la Ley fijó las siguientes reglas para dar respuesta a las distintas modalidades de petición: i) La respuesta a las peticiones de documentos y de información deberá darse dentro de los 10 días hábiles siguientes a la recepción de la petición; ii) La respuesta a las peticiones que no sean ni de información ni de documentos deberán darse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la recepción de la petición; y iii) La respuesta a las peticiones mediante las cuales se eleve una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo, deberá ser respondida dentro de los 30 días hábiles siguientes a la recepción de la petición.

Seguidamente, establece la normatividad que las peticiones podrán ser presentadas por cualquier medio idóneo, lo cual incluye medios físicos y magnéticos, así como establece que que las mismas deberán contener por lo menos: el nombre de a quien se dirigen, los nombres y apellidos del solicitante junto con los datos de localización, el objeto de la petición, los fundamentos de derecho, la relación de documentos que desea presentar y la firma del peticionario.

El no llenar los requisitos anteriores hará que se siga el trámite interno de respuesta y que se le envíe al peticionario dentro de los 10 días siguientes al envío de la petición, una comunicación solicitando que se complete la información en el término máximo de un mes, tiempo durante el cual se suspenderán el término que se tiene para responder. Si cumplido el mes para completa la petición, no se ha recibido la información solicitada, se entenderá que el peticionario ha desistido de la petición.

Por otra parte, en lo concerniente al derecho de petición ante organizaciones privadas, deja en claro la Ley que podrán presentarse solicitudes ante sociedades, corporaciones, fundaciones, asociaciones, organizaciones religiosas, cooperativas, instituciones financieras o clubes siempre que sea con el objeto de garantizar derechos fundamentales o cuando estas presten un servicio público o público domiciliario. Asimismo, estableció la posibilidad de elevar peticiones ante personas naturales, cuando el peticionario se encuentre frente a ellas en situaciones de indefensión, subordinación o la persona natural se encuentre ejerciendo una función o posición dominante frente al peticionario.

Finalmente, se tiene que la presente norma rige a partir del momento de su promulgación, esto es el 30 de junio de 2015.